En un plazo de dos años, la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública llevará a cabo un plan extraordinario plurianual para disminuir la temporalidad en el empleo público. Este plan prevé la oferta de más de 2.000 plazas. El objetivo de este instrumento de planificación para el periodo 2024-2025 es garantizar que la cantidad de plazas de naturaleza estructural no supere el 8 %.

Para ello, la planificación contempla 1.179 plazas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2024, para que, además de cubrir la tasa de reposición ordinaria con 435 plazas, se ofrezcan de forma extraordinaria 744 plazas para aplicar la tasa específica adicional permitida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

En las próximas semanas, el Consell aprobará un decreto-ley para garantizar completamente esta convocatoria específica adicional destinada a reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% en 2025. El plan elaborado por la Dirección General de Función Pública también prevé utilizar esta tasa específica adicional autorizada por la Ley de Presupuestos Generales de 2023 a 2025. Se calcularon 869 plazas que podrían ofrecerse a través de este método. 

Por otro lado, las vacantes de turno libre que se oferten dentro de este plan a través de la tasa extraordinaria adicional se convocarán mediante oposición libre, lo que permitirá la incorporación de nuevo personal, al margen de los procesos de estabilización de empleo temporal convocados de acuerdo con la Ley de Reducción de la Temporalidad. Además, el sistema de concurso-oposición continuará fomentando los procesos de promoción interna dentro de las ofertas ordinarias.

Ruth Merino, la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, indicó que la Generalitat tiene la intención de abordar la situación actual mediante una respuesta planificada inmediata que tenga como objetivo prioritario reducir la temporalidad de las plazas estructurales por debajo del 8% en cada ámbito. Para ello, se han acordado todas las medidas con las organizaciones sindicales.

Ruth Merino expresó su objetivo de profesionalizar la función pública valenciana mediante el fortalecimiento de plantillas estables para garantizar la prestación de servicios públicos de alta calidad. Además, mencionó la importancia de enfrentar el relevo generacional en la plantilla pública, ya que la edad media del personal funcionario de carrera es de 57 años, lo que implica una previsión de jubilación en los próximos seis ejercicios de la cuarta ley de servicios públicos. 

En la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, la consellera ha expresado su opinión sobre la encuesta realizada por la Generalitat que se dio a conocer la semana pasada. Esta encuesta indicaba que el 49,4% de los valencianos acepta la gestión de Mazón, mientras que el 36,2% la suspende. Además, el 57,5% de los encuestados siente poca o ninguna confianza en el 'president', en comparación con el 35,9% que tiene confianza.

De acuerdo con los datos actuales del registro de personal, aproximadamente el 50% de los 20.105 puestos estructurales de la Generalitat están ocupados por funcionarios interinos, lo que indica que las medidas tomadas por el anterior Gobierno no han sido efectivas e insuficientes para disminuir la temporalidad.

El plan prioriza los sectores de primera necesidad, esenciales para los servicios públicos, y abarca puestos vacantes en áreas estratégicas como la gestión de fondos y proyectos financiados por la Unión Europea. De esta manera, se incluyen empleados de la Administración de la Generalitat que se especializan en áreas como la atención sociosanitaria, la educación especial, los cuidados auxiliares de enfermería, la acción social, la gestión de servicios sociales, el trabajo social o la educación social, entre otras. 

Ruth Merino, la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, ha expresado su seguridad en que los ciudadanos valoran el trabajo del 'president' Carlos Mazón y del ejecutivo y ha destacado que están trabajando para mejorar las encuestas, que siguen siendo lo que son.

Ruth Merino afirmó que esta priorización facilitará el desarrollo de políticas públicas de alta calidad en áreas prioritarias y permitirá disponer de una dotación de medios humanos que refuerce las capacidades para afrontar los desafíos tecnológicos, económicos y sociales actuales.