En España, la proporción de trabajadores en el sector privado por cada empleado público ha disminuido a 6 a 1.

En España, la afiliación no solo se ha recuperado desde la pandemia, sino que ha aumentado significativamente y ahora alcanza los 21 millones de empleados. Entre febrero de 2019 y febrero de 2024, el empleo total en el país aumentó un 9,6%. Durante ese lapso, el empleo en el sector público ha experimentado un aumento significativo en comparación con el sector privado, alcanzando un 18,7% en comparación con el 8,2%.

Se estima que de los 20,7 millones de trabajadores en España en febrero de este año, 17,7 millones pertenecen al sector privado, incluyendo asalariados y autónomos, mientras que 2,96 millones están afiliados a la Seguridad Social del sector público. Estos incluyen a los empleados de la Administración que no están inscritos en la Seguridad Social sino en las mutualidades Muface, Mugeju e Isfas.

Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el índice de empleados públicos en comparación con los empleados del sector privado ha disminuido significativamente. La proporción de asalariados privados por cada empleado público ha disminuido a 6 a 1. Durante los últimos diez años y, en particular, en los últimos tres años, ha habido un aumento gradual en la contratación pública. Las plantillas de las administraciones siguen creciendo antes, durante y después de la pandemia. Según el estudio Las sombras del mercado laboral español publicado hoy por el Instituto Juan de Mariana, desde 2019 se ha observado que el crecimiento del empleo público es más veloz que el del sector privado.

Manuel Llamas, director del Instituto, considera que esta evolución es "preocupante", ya que si el mercado laboral creciera con una fuerza inusitada y el sector privado lo hiciera por encima del público, o si ambos crecieran de manera equitativa, no sería preocupante. La dificultad radica en que la manipulación estadística y la utilización de fijos discontinuos aumentan la distorsión en el mercado laboral. Según él, si una gran parte del aumento del empleo es explicado por la población en general, podemos estar mintiendo sobre el dinamismo del mercado laboral.

Desde febrero de 2019, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en 467.791, de los cuales 336.909 son funcionarios autonómicos, 102.513 son funcionarios estatales y 28.368 pertenecen a corporaciones locales como ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etc. 

En este período, la educación ha sido el área con el mayor aumento de empleados, con 245.704 nuevos empleados, seguida de las actividades sanitarias, con un aumento de 108.629 empleados, y de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, con un aumento de 60.183 empleados.

Las áreas que más han generado empleo público son la de Investigación y Desarrollo (I+D), que es crucial para aumentar la productividad en el país y posiblemente relacionada con el uso de fondos europeos, con un aumento de 12.217 empleados; y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos, con un aumento de 9.621 empleados.

Estos aumentos son tanto para reemplazar a los empleados que se están retirando en la Administración Pública (en sub administraciones como la Seguridad Social, la plantilla es tan envejecida que hay jubilaciones cada semana) como para generar un aumento neto en la plantilla. En realidad, actualmente hay 1,12 millones de trabajadores en las áreas de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, mientras que en la Sanidad hay 768.844 profesionales, frente a 660.214 en 2019; y en la Educación, la plantilla casi se ha duplicado, con 617.520 trabajadores frente a 371.815 en 2019.

El hecho de que el Gobierno haya reclasificado a muchos empleados que anteriormente eran considerados como empleados de la Administración en el último año tiene un impacto en este segmento. El número de afiliados a la Educación ha aumentado por encima de lo esperado como resultado de ese trasvase. 

La agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados son las únicas actividades en las que se ha producido una disminución de la afiliación pública; la construcción de edificios ha disminuido en 930 personas, la extracción de antracita, hulla y lignito ha disminuido en 551 personas y la reparación e instalación de maquinaria y equipo ha disminuido en 444 personas.